viernes, 17 de febrero de 2012

Denuncia por 1,2 millones de dólares contra Asse

Asse  deberá enfrentar una denuncia civil millonaria  por parte de la familia de Rocío Martínez, niña que posee parálisis cerebral  a causa de errores en los procedimientos de parto bajo responsabilidad del personal médico del Hospital de San José; evento que motivo otra denuncia, esta de carácter penal, contra los funcionarios.


Según explicó Franklin Fuentes, asesor legal de la familia en una conferencia de prensa  realizada la semana pasada, los profesionales involucrados en el caso declararon  en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno de Montevideo, dejando en tal audiencia más elementos acreditados a la responsabilidad que estos tuvieron en los problemas durante el parto que, posteriormente, generaría problemas cerebrales a  Rocío Martínez.

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Rocío Martinez Vittete en conferencia con su familia.
(Foto, Primera Hora)
Fuentes también  aclaró que se llevan a cabo dos denuncias; una denuncia de carácter penal, comenzada el 30 del ocho de 2010, contra la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) en demanda de la responsabilidad que los profesionales tiene con respecto a Rocío. La otra denuncia es de carácter civil, comenzada el 13 del cinco del 2011, demandando un monto de 1,200 millones de dólares.

CASO. El 2 de setiembre del 2009, a las 7 y 45, comienzan los trabajos de parto que, en un principio y según los anteriores controles, eran normales. Según declaró el abogado de la familia, Florencia Vittete-madre de Rocío- recibió dosis no adecuadas de oxitocian, droga utilizada para inducir el parto acelerando las contracciones. Por esta razón, el parto “normal” se convirtió en parto de “alto riesgo”, situación que demanda la participación y control constante de parte del ginecólogo, profesional que estaba de guardia domiciliaria al igual  que el pediatra encargado de esperar el parto de la niña. Se estipula un tiempo de 5 minutos para que los profesionales de guardia lleguen al centro médico a brindar asistencia, en este caso y según lo declaró Franklin Fuentes, el tiempo superó los 30 minutos.

Dos hechos más quedaron acreditados en la audiencia de la semana pasada por la denuncia civil; la madre recibió una dosis doble con suero de oxitorina a las 8 de la noche, indicación que no es asumida ni por el personal de enfermería o profesional, y además, se tiene  registro de una caída en la frecuencia cardíaca del feto a las 17 horas, situación que conllevaría a la perdida de oxígeno en el cerebro causante de la parálisis.

 La familia maragata declarará el próximo 13 de marzo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno de Montevideo, esta vez por la denuncia penal dirigida a la responsabilidad de los médicos en el asunto. En esta esfera se deben esperar, según explicó Franklin Fuentes, las ampliaciones de las pruebas de Instituto Técnico Forense solicitado por la Fiscalía.



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