Opiniones y análisis luego de las 370 mil firmas

Este fue el número de firmas entregadas  bajo el concepto de iniciativa popular impulsada por el dirigente colorado Pedro Bordaberry y, el ex presidente nacionalista, Luis Alberto Lacalle.

Con esta cifra, que supera ampliamente las 250 mil necesarias para llevar cualquier iniciativa que busque el plebiscito, la reforma de baja de edad de imputabilidad, aquella que reduce a 16 años la edad para ser imputable, en otras palabras, responsable, de las infracciones penales que se cometan.

  De esta manera, la población uruguaya tendrá que enfrentarse en 2014-como fecha más alejada en el tiempo, salvo que el parlamento autorice, por medio de mayoría parlamentaria, la celebración del plebiscito fuera de la fecha de las elecciones presidenciales- a una decisión donde se cambiará la concepción de los menores infractores.

Por esta razón, Jóvenes Corresponsales recolectó opiniones y datos para hacer de la discusión pública y reflexión personal sobre un tema que atañe, no solo a los menores como objeto directo de la posible reforma, si no que a la sociedad en su conjunto, ya que, aunque desvirtuado y confuso, el tema de fondo es la inseguridad en su espectro más amplio.

Dos fueron las figuras que se eligieron para esta nota, por un lado el Diputado Cersósimo, como representante del grupo impulsor de la iniciativa, y por otra, al director del INAU, Enrique Rodríguez, como elemento vinculado al vigente sistema de rehabilitación juvenil.

CERSOSIMO. El número de adeptos fue uno de los primeros puntos a resaltar por el diputado en la nota a Jóvenes Corresposales; “Tenemos una enorme satisfacción, ya que fue una campaña en muy poco tiempo, nunca en tan pocos meses y sin recursos, sin oblicuidad, sin el apoyo de organismos como el PIT-CNT, que ha sido el que ha promovido la mayo cantidad de referéndum y plebiscitos, estamos mas que satisfechos”, declaró el diputado.

Diputado colorado, Gustavo Cersósimo(foto Primera Hora)

Para el diputado el número de firmas no solo significan una respuesta concreta a la delincuencia juvenil, sino a la inseguridad como problemática nacional. “Pensamos que es una reacción contundente de la gente, no es un mensaje que hace referencia a una medida concreta si no que hace referencia a todo el tema de seguridad. La inseguridad esta presente en el interior y la campaña, la vivimos, la padecemos, esta causando destrozos en la familia y en la sociedad; prácticamente no que da un hogar, un comercio, una persona, un joven, un anciano, una mujer, que no haya sido objeto delito en este período. Hemos batido record en materia de homicidios, record en materia de rapiña, estamos hablando de estadísticas que se llevan en materia de denuncias, hay un planteo de la policía  que  debería denunciarse todo para poder tomar cartas en el asunto”, explicó el representante.

Cersósimo definió la postura del gobierno como un “capricho” y un “error” al “desconocer este reclamo” que realiza la gente por medio de esta recolección de firmas, y  denunció cierta culpabilidad por parte del gobierno a la hora de llevar adelante medidas para el mejoramiento de la seguridad; “Estas medidas ya se tendrían que haber aplicado, se hubieran evitado muchos delitos y muchísimas muertes”, declaró.

Le recordamos al lector, en resumen, que la propuesta impulsada por Pedro Borrdaberry y Luis Alberto Lacalle tiene tres ítems principales: uno de ellos es la baja de edad de imputabilidad antes mencionada, otra es la creación de un centro de rehabilitación que funcione por fuera del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU)-cosa  que según Cersósimo “no se ha hecho”- y por último, un cambio en la severidad de las sanciones a aquellas personas que utilizan a los jóvenes con la convicción de delinquir, así como mejorar la asistencia y ayuda de las personas que sufren la violencia.

Bajo estas propuestas, Cersósimo  acusó al gobierno diciendo: “El partido de gobierno que tiene la mayoría no se dignó a considerar estos temas, caprichosamente se puso en contra, en vez de hacer un estudio y una discusión de este tema a nivel parlamentario, se dedicó a hacer contra campaña-haciendo referencia a el movimiento “No a la baja”- y a despilfarrar, recursos y el tiempo”, acusó.

RODRIGUEZ. Por su parte, del director el INAU, realizó un análisis sobrio, fuera de las conjeturas partidarias, como su puesto en la institución lo demanda.

Director del INAU, Enrique Rodríguez

De este modo, Rodríguez aclaró su opinión con respecto a esta iniciativa constitucional. “Los adolescente que cometen alguna infracción a ala ley penal en distintos grados, tienen responsabilidad, por eso interviene el juez penal desde los 13 en adelante. El instituto con el aval presupuestal y con el aval del Poder Eje, ha generado los recursos y esta en el proceso de instrumentación de este nuevo instituto que es el SIRPA, para la contención de las situaciones de infracción a la ley penal. Cunando hablan de imputabilidad, digo, si, un joven de 16 años-a modo de ejemplo- es imputable por el delito que comete, y termina privado de libertad de acuerdo a lo que establece la justicia. Además de eso se han incorporado modificaciones, y hoy por hoy, cualquier joven de 13 años que comete una infracción queda registro de la misma y no se borra, forma parte de su forma de vida el haber cometido esta infracción. En una visión del análisis de la situación que tenemos, creo que no hay mucha variante en esto de hablar de la baja de edad de imputabilidad”, detalló.

Según lo dicho por el director, la baja de edad de imputabilidad no parecería generar los efectos deseados por los impulsores de la misma, a lo que agregó que, contradiciendo en parte lo planteado por Cersósimo con respecto a el cetro de rehabilitación propuesto y al INAU, “Hoy el estado tiene, involucrando  todos los partidos  políticos, a través de sus representantes, a través de su representación en los organismos independientes del poder ejecutivo y de designación política-INAU-, mas este nuevo instituto, el SIRPA, que tiene en su integración  representantes del oficialismo y de la oposición, tiene una respuesta armada para dar una contención distinta o mayor aún a las situaciones de infracción penal. Si hablamos del tema que esta subyacente en el fondo, y del cual no se habla, es el tema de la seguridad. Realmente, sería hablar o discutir muchos conceptos de esta cuestión, pero el tema de la seguridad no pasa por la imputabilidad de los adolescentes infractores, como ya te dije, si a los 16 años un adolescente realiza una infracción contra le ley penal, la justicia tiene los elementos de privarle la libertad y tenerlo en un régimen de ese tipo”, declaró en el término de la nota.

Cifras.

Cuando se habla de baja de edad de imputabilidad, lo primero que se piensa es en una avalancha de delitos por parte de aquellos sectores de la población que aún no cumplen los 18 años. Sin embargo, si no atañamos a los números, de los 159.623 delitos-involucrando delitos a la persona y a la propiedad- solo 13.137 son realizados por menores, según estadísticas del Ministerio del Interior.

Estas cifras ponen en un 8% a los menores infractores en el total de delitos, lo que las posibilidades de ser delinquido por un mayor son ampliamente mayores a ser delinquido por un menor. Aun así, deben hacerse algunas aclaraciones: en primer lugar, como lo dijo Cersósimo, los datos salen de la cantidad de denuncias realizadas, lo que la cantidad global de delitos puede aumentar. Por otro lado, con respecto al número de menores infractores, 13.137, se utilizan para su conteo las intervenciones policiales, contando también aquellas veces que se interviene pero no existen delitos, lo que puede hacer menor  el numero de menores infractores.

Nota publicada en la edición impresa del periódico La Semana del 30 de abril por Edward Braida